Cuando el agua no para. Uruguay ensaya nuevas formas de encarar las inundaciones
A más de un año de la crecida histórica del río Yi, todavía hay evacuados en refugios en el departamento de Durazno. Los nuevos conceptos en torno a la gestión de inundaciones pasan por desarrollar acciones interinstitucionales, gestionar el riesgo, evaluar posibles períodos de retorno, identificar áreas de riesgo y tipos de inundaciones. Además hay quienes mencionan que habrá que pasar de la solidaridad para con los evacuados (o autoevacuados) a la responsabilidad social.
Desde 1997 hasta 2006 hubo en el país más de 44.000 evacuados por inundaciones, según datos tomados del Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2007-2008.
Según éste, una de las evidencias del cambio climático en Uruguay es el aumento de las lluvias en un 30% aproximado y la presencia de “eventos extremos” (lluvias y temperaturas fuera de lo normal) que han aumentado en frecuencia e intensidad, previéndose que ambos fenómenos se acentúen en el futuro.
En mayo del año pasado Uruguay sufrió una de las peores inundaciones de su historia; el porcentaje de lluvia fue de un 400% más de lo normal, las aguas subieron más de 13 metros y la población afectada superó los 110.000 habitantes. El fenómeno fue comparado con la inundación de 1959, en la que hubo unos 45 mil evacuados. La catástrofe puso de relieve las dificultades que se presentaron a la hora de brindar respuestas a los damnificados.
“Las inundaciones de 2007 dejaron a la vista que había realidades muy diferentes y esto implicaba procesos posteriores diferentes.
Hubo varias iniciativas, fundamentalmente una desarrollada en forma conjunta por el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la prosecretaría de la Presidencia, a los efectos de flexibilizar normas para generar un proceso de recuperación más rápido. Por la vía de los hechos nos dimos cuenta de que no alcanzaba con esas medidas y esas instituciones”, explicó a la diaria la arquitecta Raquel Lejtreger, coordinadora del Grupo Interinstitucional de Apoyo a los Afectados por las Inundaciones.
De la solidaridad a la responsabilidad social En nuestro país la percepción general es que hay pocos eventos dramáticos pero, según contó Lejtreger, “éstos son cada vez más numerosos y, a partir de la tormenta de agosto de 2005 y las inundaciones de 2007, empezó a conceptualizarse el desastre como un proceso que, como tal, tiene distintas fases: prevención, mitigación, gestión de la emergencia, rehabilitación y recuperación.
Cuando comienza la recuperación lo hace también la prevención, intentando no reproducir las condiciones de riesgo”.
Inicialmente, el enfoque del Sistema Nacional de Emergencia (SNE) se centraba en efectivizar la respuesta frente a un evento, pero esa concepción ha ido cambiando a nivel internacional y nacional.
“La gestión de riesgo es la estrategia, afirmó Lejtreger. Se trata de un proceso continuo que requiere integrar conocimientos que abarcan las vulnerabilidades -con un énfasis en lo social-, el conocimiento de las comunidades como tales, los efectos relacionados al clima, el territorio, el medio físico”.
Consultada sobre si existe un determinado protocolo para desplegar en estas situaciones, señaló que “se está trabajando en eso”, y agregó que hay que tenerlo, ya que organiza la acción, es fundamental en el momento y después de la inundación, porque permite medir y comparar acciones.
Otro punto que desvela a las autoridades es cómo lograr la participación de la ciudadanía. Para Lejtreger se trata de una búsqueda que no es sencilla, porque “es muy difícil encontrar las formas de participación, si yo como ciudadano no encuentro los mecanismos de diálogo, por más que esté invitado no puedo participar.
Existen ámbitos institucionalizados para procesar la participación, pero como son institucionales se hace difícil. Los esfuerzos en esta área tienen que ver, en definitiva, con códigos culturales”. Al tema de la participación se vincula el de la solidaridad, y según indicó “hay que dar un salto cualitativo, ver cómo pasar de la solidaridad a la responsabilidad social que es otra cosa: pasa por saber que tengo derechos y deberes, y tengo que ejercerlos”.
Tres desastres, tres modelos Vale recordar que el SNE es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, creado en 1995, que tiene como objetivos básicos la prevención y acción en situaciones de emergencia. Es un sistema descentralizado, con comités departamentales de emergencia y centros coordinadores de emergencia (Cecoed), en algunos departamentos.
En mayo de este año se realizó el taller “Del desastre a la oportunidad”, organizado por el SNE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de fortalecer el SNE, haciendo énfasis en la prevención y la gestión de riesgo. Simultáneamente, se están aplicando en Treinta y Tres algunos planes piloto, uno de ellos relativo al drenaje urbano, y se está desarrollando un programa de gestión de riesgo dentro del plan de ordenamiento territorial.
De las inundaciones de 2007 se tomaron tres modelos diferentes de actuación, correspondientes a los departamentos de Soriano, Durazno y Treinta y Tres. En el caso de la ciudad de Mercedes, “se dio un corte transversal a toda la sociedad, abarcando todas las capas socioeconómicas”. La recuperación se produjo de distintas maneras según los sectores afectados: en la zona enfrentada al río Uruguay, en la rambla de Mercedes, donde se ubican las mejores casas, hubo una capacidad de recuperación sin asistencia. Los sectores medios afectados no tenían memoria de sucesos similares, pocas veces habían sido tomados por el agua, con lo cual tuvieron pocas posibilidades de reacción. El crecimiento de los asentamientos ubicados en zonas bajas cerca del río agravó mucho la situación”.
Durazno fue el departamento “con mayor número de afectados y evacuados, casi un tercio de la ciudad quedó inundada, abarcando sobre todo a sectores de muy bajos recursos, con pocas posibilidades de contar con estrategias de cualquier tipo”, señaló. La existencia en Durazno de una larga historia de ocupación de las áreas inundables generó problemas importantes y el proceso de recuperación se hizo más complejo. Lejtreger confirmó la existencia, hoy en día (a más de un año de la inundación), de aproximadamente 200 evacuados ubicados en refugios, con los que todavía se está trabajando.
“Se crearon ámbitos interinstitucionales y un programa de recuperación interesante modélicamente, en el cual las instituciones centrales fueron la Intendencia de Durazno, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) del MVOTMA”. Básicamente, se trató de evitar el fracaso de los programas de vivienda, pensando ésta como solución en un marco amplio, teniendo en cuenta las redes sociales, de trabajo, etcétera.
El esfuerzo conjunto se amplió a otras instituciones, como el MSP, el INAU y todas las instituciones locales, explicó, agregando que “estas cosas le suceden a alguien que está localizado en un territorio, que tiene una familia, una historia de vida; el Estado tiene que generar mecanismos de enlace con alguien que tiene características únicas, la idea es, con criterios generales, llegar a algo lo más personalizado posible”.
En el caso de Treinta y Tres, la inundación llegó a áreas urbanas y rurales. “En la ciudad no existen asentamientos propiamente dichos y los afectados fueron barrios consolidados, haciéndose más difíciles las políticas de realojo”, señaló.
El trabajo de recuperación en el área rural trajo a primer plano la falta de mecanismos de comunicación que posibilitan la evacuación o asistencia. A dos meses del suceso, en Treinta y Tres y Soriano se había logrado el retorno de los evacuados a sus hogares. Quedaba por delante no reproducir las condiciones de riesgo.
Aporte académico La Udelar colaboró con los tres departamentos afectados a través del Instituto de Teoría Urbanística (ITU) de la Facultad de Arquitectura, que ha investigado durante años las inundaciones urbanas, así como metodologías de diagnóstico y relevamiento.
Sobre cómo se produce una inundación, Adriana Piperno, arquitecta del ITU, explicó que hay dos comportamientos que confluyen: el que es propio del río y los que son propios de la ciudad; son dos sistemas que se cruzan.
“A grandes rasgos, hay dos tipos de inundaciones: la del agua que cae sobre la ciudad, que escurre por entre las calles pero al estar impermeabilizadas corre más rápido, inundándose áreas que antes no lo hacían, a éstas se les llama de drenaje y son más cortas en el tiempo. El otro tipo se produce (como en 2007) cuando llueve en toda la cuenca, el agua que recoge el río se va concentrando y se ensancha su curso. Este tipo de inundación produce un impacto, es más larga en el tiempo y en general hay que evacuar”.
Un concepto importante en este tema es el período de retorno.
Piperno dijo que “se mide en años, de acuerdo a estadísticas se establece la probabilidad de que un evento se repita, tener este dato sirve para definir estrategias. En el caso de las inundaciones de 2007, el período de retorno es de 150 años”. Por supuesto, no es exacto y, por otro lado, el cambio climático ha vuelto más compleja esta situación, ya que la cantidad de lluvias ha aumentado.
La intensidad de las inundaciones, según explicaron Piperno y su colega Pablo Sierra, también arquitecto del ITU, depende básicamente de las características de los ríos y de las ciudades. En nuestro país las ciudades se fundaron en general cerca de los ríos, en las partes altas, pero a medida que crecieron se fueron ocupando las planicies de inundación, terrenos que suelen ser baratos y son ocupados por personas de bajos recursos. “No siempre se trata de asentamientos. Son fraccionamientos en su mayoría legales”, dijo Sierra.
Hasta el momento lo usual era fraccionar y vender sin tener en cuenta si el suelo era o no inundable.
Actualmente, con la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, se exigirá a todas las ciudades tener planes. Para el ITU esto es de vital importancia porque permitirá fijar estrategias con respecto a las áreas inundables, y no fraccionar y vender áreas de riesgo.
Desde 1997 hasta 2006 hubo en el país más de 44.000 evacuados por inundaciones, según datos tomados del Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2007-2008.
Según éste, una de las evidencias del cambio climático en Uruguay es el aumento de las lluvias en un 30% aproximado y la presencia de “eventos extremos” (lluvias y temperaturas fuera de lo normal) que han aumentado en frecuencia e intensidad, previéndose que ambos fenómenos se acentúen en el futuro.
En mayo del año pasado Uruguay sufrió una de las peores inundaciones de su historia; el porcentaje de lluvia fue de un 400% más de lo normal, las aguas subieron más de 13 metros y la población afectada superó los 110.000 habitantes. El fenómeno fue comparado con la inundación de 1959, en la que hubo unos 45 mil evacuados. La catástrofe puso de relieve las dificultades que se presentaron a la hora de brindar respuestas a los damnificados.
“Las inundaciones de 2007 dejaron a la vista que había realidades muy diferentes y esto implicaba procesos posteriores diferentes.
Hubo varias iniciativas, fundamentalmente una desarrollada en forma conjunta por el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la prosecretaría de la Presidencia, a los efectos de flexibilizar normas para generar un proceso de recuperación más rápido. Por la vía de los hechos nos dimos cuenta de que no alcanzaba con esas medidas y esas instituciones”, explicó a la diaria la arquitecta Raquel Lejtreger, coordinadora del Grupo Interinstitucional de Apoyo a los Afectados por las Inundaciones.
De la solidaridad a la responsabilidad social En nuestro país la percepción general es que hay pocos eventos dramáticos pero, según contó Lejtreger, “éstos son cada vez más numerosos y, a partir de la tormenta de agosto de 2005 y las inundaciones de 2007, empezó a conceptualizarse el desastre como un proceso que, como tal, tiene distintas fases: prevención, mitigación, gestión de la emergencia, rehabilitación y recuperación.
Cuando comienza la recuperación lo hace también la prevención, intentando no reproducir las condiciones de riesgo”.
Inicialmente, el enfoque del Sistema Nacional de Emergencia (SNE) se centraba en efectivizar la respuesta frente a un evento, pero esa concepción ha ido cambiando a nivel internacional y nacional.
“La gestión de riesgo es la estrategia, afirmó Lejtreger. Se trata de un proceso continuo que requiere integrar conocimientos que abarcan las vulnerabilidades -con un énfasis en lo social-, el conocimiento de las comunidades como tales, los efectos relacionados al clima, el territorio, el medio físico”.
Consultada sobre si existe un determinado protocolo para desplegar en estas situaciones, señaló que “se está trabajando en eso”, y agregó que hay que tenerlo, ya que organiza la acción, es fundamental en el momento y después de la inundación, porque permite medir y comparar acciones.
Otro punto que desvela a las autoridades es cómo lograr la participación de la ciudadanía. Para Lejtreger se trata de una búsqueda que no es sencilla, porque “es muy difícil encontrar las formas de participación, si yo como ciudadano no encuentro los mecanismos de diálogo, por más que esté invitado no puedo participar.
Existen ámbitos institucionalizados para procesar la participación, pero como son institucionales se hace difícil. Los esfuerzos en esta área tienen que ver, en definitiva, con códigos culturales”. Al tema de la participación se vincula el de la solidaridad, y según indicó “hay que dar un salto cualitativo, ver cómo pasar de la solidaridad a la responsabilidad social que es otra cosa: pasa por saber que tengo derechos y deberes, y tengo que ejercerlos”.
Tres desastres, tres modelos Vale recordar que el SNE es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, creado en 1995, que tiene como objetivos básicos la prevención y acción en situaciones de emergencia. Es un sistema descentralizado, con comités departamentales de emergencia y centros coordinadores de emergencia (Cecoed), en algunos departamentos.
En mayo de este año se realizó el taller “Del desastre a la oportunidad”, organizado por el SNE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de fortalecer el SNE, haciendo énfasis en la prevención y la gestión de riesgo. Simultáneamente, se están aplicando en Treinta y Tres algunos planes piloto, uno de ellos relativo al drenaje urbano, y se está desarrollando un programa de gestión de riesgo dentro del plan de ordenamiento territorial.
De las inundaciones de 2007 se tomaron tres modelos diferentes de actuación, correspondientes a los departamentos de Soriano, Durazno y Treinta y Tres. En el caso de la ciudad de Mercedes, “se dio un corte transversal a toda la sociedad, abarcando todas las capas socioeconómicas”. La recuperación se produjo de distintas maneras según los sectores afectados: en la zona enfrentada al río Uruguay, en la rambla de Mercedes, donde se ubican las mejores casas, hubo una capacidad de recuperación sin asistencia. Los sectores medios afectados no tenían memoria de sucesos similares, pocas veces habían sido tomados por el agua, con lo cual tuvieron pocas posibilidades de reacción. El crecimiento de los asentamientos ubicados en zonas bajas cerca del río agravó mucho la situación”.
Durazno fue el departamento “con mayor número de afectados y evacuados, casi un tercio de la ciudad quedó inundada, abarcando sobre todo a sectores de muy bajos recursos, con pocas posibilidades de contar con estrategias de cualquier tipo”, señaló. La existencia en Durazno de una larga historia de ocupación de las áreas inundables generó problemas importantes y el proceso de recuperación se hizo más complejo. Lejtreger confirmó la existencia, hoy en día (a más de un año de la inundación), de aproximadamente 200 evacuados ubicados en refugios, con los que todavía se está trabajando.
“Se crearon ámbitos interinstitucionales y un programa de recuperación interesante modélicamente, en el cual las instituciones centrales fueron la Intendencia de Durazno, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) del MVOTMA”. Básicamente, se trató de evitar el fracaso de los programas de vivienda, pensando ésta como solución en un marco amplio, teniendo en cuenta las redes sociales, de trabajo, etcétera.
El esfuerzo conjunto se amplió a otras instituciones, como el MSP, el INAU y todas las instituciones locales, explicó, agregando que “estas cosas le suceden a alguien que está localizado en un territorio, que tiene una familia, una historia de vida; el Estado tiene que generar mecanismos de enlace con alguien que tiene características únicas, la idea es, con criterios generales, llegar a algo lo más personalizado posible”.
En el caso de Treinta y Tres, la inundación llegó a áreas urbanas y rurales. “En la ciudad no existen asentamientos propiamente dichos y los afectados fueron barrios consolidados, haciéndose más difíciles las políticas de realojo”, señaló.
El trabajo de recuperación en el área rural trajo a primer plano la falta de mecanismos de comunicación que posibilitan la evacuación o asistencia. A dos meses del suceso, en Treinta y Tres y Soriano se había logrado el retorno de los evacuados a sus hogares. Quedaba por delante no reproducir las condiciones de riesgo.
Aporte académico La Udelar colaboró con los tres departamentos afectados a través del Instituto de Teoría Urbanística (ITU) de la Facultad de Arquitectura, que ha investigado durante años las inundaciones urbanas, así como metodologías de diagnóstico y relevamiento.
Sobre cómo se produce una inundación, Adriana Piperno, arquitecta del ITU, explicó que hay dos comportamientos que confluyen: el que es propio del río y los que son propios de la ciudad; son dos sistemas que se cruzan.
“A grandes rasgos, hay dos tipos de inundaciones: la del agua que cae sobre la ciudad, que escurre por entre las calles pero al estar impermeabilizadas corre más rápido, inundándose áreas que antes no lo hacían, a éstas se les llama de drenaje y son más cortas en el tiempo. El otro tipo se produce (como en 2007) cuando llueve en toda la cuenca, el agua que recoge el río se va concentrando y se ensancha su curso. Este tipo de inundación produce un impacto, es más larga en el tiempo y en general hay que evacuar”.
Un concepto importante en este tema es el período de retorno.
Piperno dijo que “se mide en años, de acuerdo a estadísticas se establece la probabilidad de que un evento se repita, tener este dato sirve para definir estrategias. En el caso de las inundaciones de 2007, el período de retorno es de 150 años”. Por supuesto, no es exacto y, por otro lado, el cambio climático ha vuelto más compleja esta situación, ya que la cantidad de lluvias ha aumentado.
La intensidad de las inundaciones, según explicaron Piperno y su colega Pablo Sierra, también arquitecto del ITU, depende básicamente de las características de los ríos y de las ciudades. En nuestro país las ciudades se fundaron en general cerca de los ríos, en las partes altas, pero a medida que crecieron se fueron ocupando las planicies de inundación, terrenos que suelen ser baratos y son ocupados por personas de bajos recursos. “No siempre se trata de asentamientos. Son fraccionamientos en su mayoría legales”, dijo Sierra.
Hasta el momento lo usual era fraccionar y vender sin tener en cuenta si el suelo era o no inundable.
Actualmente, con la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, se exigirá a todas las ciudades tener planes. Para el ITU esto es de vital importancia porque permitirá fijar estrategias con respecto a las áreas inundables, y no fraccionar y vender áreas de riesgo.
Hola!
ResponderEliminarQué alegría que hayan encontrado y tenido interés en esa nota.
Me gustaría que me cuenten un poco más acerca del blog, de lo que están haciendo y estaré a disposición para ampliar información.
En ese caso me indican un correo para establecer contacto.
Muchos saludos!!!
Arq. Raquel Lejtreger